La Constitución de 1833 institucionalizó el régimen, estructuró legalmente el orden autoritario y consolidó los soportes jurídicos del Estado chileno. El Poder Ejecutivo tuvo una gran preeminencia sobre los poderes Legislativo y Judicial. De esta manera, el gobierno fuerte y centralizado al que aspiraba Portales pudo asentarse sobre bases jurídicas sólidas.
La Constitución de 1833 estipulaba que la soberanía residía en la nación, la que la delegaba en las autoridades respectivas en el marco de un Estado independiente y con separación de poderes. La presidencia de la República tenía una duración de cinco años, con la posibilidad de reelección inmediata. Entre las atribuciones presidenciales estaban:
a) El nombramiento de ministros y funcionarios públicos.
b) La comandancia de las Fuerzas Armadas.
c) La posibilidad de usar de las facultades extraordinarias que le concediera el Congreso en caso de conmoción interna.
d) El derecho a veto temporal sobre las leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
Este último, por su parte, quedó compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, cuyas principales atribuciones eran: la aprobación de las facultades extraordinarias del Ejecutivo y la dictación de las leyes, entre las que se encontraban las denominadas "Periódicas", que debían renovarse cada 18 meses. Estas establecían la composición de las Fuerzas Armadas, las cargas impositivas (Ley de contribuciones) y fijaban los gastos del Estado mediante la Ley de Presupuestos. El sufragio tenía un carácter censitario e indirecto, y la religión católica, apostólica y romana fue instaurada como la única oficial y excluyó el ejercicio público de cualquier otra.